Hoy voy a comentar brevemente las últimas noticias económicas de España, y los acontecimientos que en relación con ellas se están produciendo.
Una noticia es que España ha pedido a la Unión Europea ayuda financiera para el sector bancario (un “rescate”). A cambio de su concesión, la Unión Europea va a controlar de ahora en adelante el sistema bancario español (una “intervención”).
Otra noticia es que España ha solicitado una prórroga en los plazos previamente establecidos para reducir el déficit público (un “rescate”). A cambio de la concesión de esta prórroga, la Unión Europea ha obligado a España a tomar las medidas que sean necesarias para cumplir con el límite de déficit público en los nuevos plazos acordados (una “intervención”).
Aunque en puridad se trata de asuntos distintos, presentan un origen común y una coincidencia temporal que permite identificarlos y resumirlos en una sola frase: la Unión Europa le da dinero a España, y a cambio le impone medidas de austeridad.
(Antes de seguir, haré un inciso. Existe la creencia generalizada, en España y fuera de ella, de que Alemania está rescatando a los países pobres del Sur, dándoles ingentes cantidades de dinero. Esto no es exactamente así. El dinero de los rescates procede de un fondo al que contribuyen todos los países de forman parte del euro, en proporción a su PIB. Alemania, al ser el país más grande, es el país que más contribuye en términos absolutos –algo así como un 28%-. Pero España contribuye con la cuota que le corresponde –algo así como un 12%- De forma que, proporcionalmente, España contribuye exactamente igual que Alemania. Con una pequeña diferencia: mientras que Alemania se financia actualmente al 0% -sin duda por sus propios méritos-, España lo hace al 7% -por sus propios deméritos-. Lo cual significa que el esfuerzo real que realiza España para contribuir al fondo común y a la construcción europea, es muy superior al esfuerzo que hace Alemania. El hecho de que esta idea, tan sencilla de entender, no se sepa trasladar a la opinión pública y/o hacer valer en la Unión Europea, es una muestra más de la incapacidad de nuestros políticos).
Bien, continúo mi rollo.
La opinión general es que la “parte buena” del asunto es recibir el dinero de Europa, y la “parte mala” la intervención a la que nos van a someter. Yo lo veo justo al revés. En mi opinión, la “parte mala” de la historia es que nos prestan 30.000 millones de euros (por ahora), pues es una cantidad que habrá que sumar a todo lo que ya debemos, y devolverla algún día con sus intereses. Y la “parte buena” es, por el contrario, la denostada “intervención”. El hecho de que sean funcionarios de la Unión Europea quienes controlen el sistema bancario, y quienes impongan la reducción del déficit, es algo que me parece magnífico. Que quiten a la caterva de impresentables que tenemos como dirigentes políticos toda la capacidad de decisión que sea posible. Yo me quedo así más tranquilo.
Pero en este punto nos encontramos con un problema muy grave, gravísimo, y probablemente sin solución.
En los países del norte de Europa, bastante más normales y más serios que nosotros, los políticos sirven al pueblo que les elige (o al menos yo me lo quiero imaginar así). En consecuencia, cuando desde esos países ordenan a los políticos españoles que, puesto que piden dinero de la hucha común, tengan la bondad de gastar menos de lo que ingresan, están dando por supuesto que los políticos españoles adoptarán las medidas de reducción del gasto e incremento de los ingresos con arreglo a un criterio racional que consista en perjudicar lo menos posible a los ciudadanos, en particular, a los más desfavorecidos económicamente.
Pues conviene que los políticos europeos sepan que, en esa suposición, se equivocan de plano.
Sobre los famosos “recortes” se podría hablar largo y tendido. Aquí voy a centrarme únicamente en una parte del problema, que es el de la Administración Pública. Y dentro de esta parte, me gustaría comentar un aspecto muy particular: la naturaleza de la relación que existe entre los políticos –entendiendo por tales a los cargos electos-, y la Administración Pública –entendiendo por tal a los funcionario públicos-. Pues de esta relación, de lo que debería ser y de lo que ocurre en la realidad de las cosas, nace gran parte de los problemas.
En un país normal, la Administración Pública se encuentra integrada por funcionarios, que se incorporan a ella tras superar un proceso público de selección, basado exclusivamente en criterios de mérito y capacidad. Los funcionarios constituyen la personificación del Estado, y la inamovilidad de la que gozan se justifica por la necesidad de permanencia y continuidad del propio Estado, con independencia de los cambios que se produzcan en la dirigencia política. La Administración es una maquinaria, un instrumento, un ente políticamente neutro, que actúa según las instrucciones que reciba del político que acceda al poder. Una Administración Pública independiente constituye un requisito básico de la democracia, pues su existencia permite que la alternancia política se convierta en una operación relativamente sencilla.
A nivel teórico y legislativo, lo anterior ha estado bastante claro en España desde el s. XIX. Pero, ¿qué se ha ocurrido en la práctica? ¿Se han respetado los principios teóricos en el terreno de los hechos?
El último gran cambio político en España fue la transición desde una dictadura a la democracia, que tuvo lugar entre los años 1975 (muerte de Franco) y 1978 (promulgación de la actual Constitución democrática). No tengo apenas información cómo era la realidad de las cosas en época de Franco -en relación con este asunto que comento-, pues esa época casi no la viví. Pero lamentablemente tengo algunos motivos para pensar que entonces la realidad no se alejaba demasiado de la teoría (no sería por apego a una democracia que no existía, sino por puro conservadurismo o tradicionalismo decimonónico, pero el caso es que el funcionario público era una figura respetada).
La Constitución de 1978 recogió en su articulado la independencia de la Administración Pública respecto al poder político. Esto, como digo, no era ninguna novedad, pues así se reconocía también en la legislación vigente en época de Franco, o en la precedente Constitución Republicana de 1931.
Con la llegada de la democracia se comenzaron a celebrar elecciones libres, y por primera vez en la historia española (salvo un breve intervalo de tiempo durante la Segunda República), los políticos empezaron a ser a ser elegidos por el pueblo, y no por el rey o el dictador de turno.
Desgraciadamente, esta legitimidad de origen se les subió a los políticos a la cabeza. Con la idea de que tienen detrás de ellos al pueblo, el sacrosanto pueblo que no se les cae de la boca a la hora de justificar todas sus actuaciones, los políticos han asumido que todo les está permitido.
Y lo que han hecho ha sido asaltar el Estado. En lugar de limitarse a dirigir políticamente la Administración Pública, como tenían que hacer, en cuanto han podido han tratado de prescindir de la Administración existente.
Para un político, la Administración supone un problema porque:
A).- Se encuentra en la tesitura de tener que dirigir a personas que son inamovibles y no tienen una adscripción política especial, por lo que no tiene ninguna garantía de que, llegado el caso, un funcionario pueda negarse a ejecutar órdenes que considere contrarias a la Ley.. ¡o incluso denunciar sus intenciones si pretende alargar la mano hacia el cofre del Tesoro!
B).- Ya están ahí, formando parte del órgano administrativo del que se trate, todas las personas que, en principio, debe necesitar; por lo que el político se ve privado en gran medida de satisfacer ese ansia de poder que le corroe por dentro, ese ansia de erigirse en Sumo Hacedor y, cual emperador romano, mover discrecionalmente su dedo bobalicón para designado a las personas que habrán de cobrar un suculento sueldo procedente del erario público gracias a su Enorme Magnanimidad, y que le deberán por ello Eterna Gratitud.
En consecuencia, los políticos han creado en infinidad de lugares y a todos los niveles (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Universidades, etc...), mediante diversos subterfugios, auténticas administraciones paralelas, para las cuales han designado a una pléyade de “asesores” y de “altos cargos”, con sueldos siempre muy superiores a los de los funcionarios públicos de verdad, y sin procesos selectivos objetivos, o con procesos amañados. No han podido desmantelar la Administración Pública de verdad porque lo prohíbe la Ley, pero la han conseguido soslayar con sus administraciones paralelas.
Este sistema administrativo absolutamente corrupto y enloquecido se ha podido sostener económicamente en el tiempo gracias a los ingentes ingresos fiscales que se han producido en los últimos años como consecuencia de la burbuja inmobiliaria.
Ahora ha pinchado la burbuja, y se han desplomado los ingresos. Sin embargo, el gasto estructural permanece inalterado, porque nos encontramos con una Administración Pública, la de siempre, y con multitud de administraciones paralelas creadas por los políticos.
¿A qué está bastante claro lo que tendría que hacer el Gobierno para recortar el gasto de personal?
Pues lo que ha hecho no es fumigar las cucarachas, sino, como todo el mundo sabe, quitar la paga de Navidad a todos los funcionarios de la Administración Pública, más tres días de vacaciones. Y estas medidas a quienes se aplican con toda seguridad es a los funcionarios de verdad. A los chupópteros de las administraciones paralelas todavía está por ver si les afecta.
Lo cual explica muy bien el cabreo generalizado que existe entre los funcionarios públicos, porque las injusticias molestan.
Hoy se ha convocado una manifestación de funcionarios a través de las redes sociales, sin apoyo de partidos políticos ni de sindicatos. Se ha celebrado frente al Congreso, y nos hemos pasado un momento por allí. Hemos llegado pronto y apenas había gente. No parece que la convocatoria haya sido un éxito, la verdad sea dicha, aunque no sé qué ocurrirá esta noche.
Siguen unas pocas fotos que he tomado. En la primera se puede ver, al fondo, al pequeño grupo de manifestantes. En las siguientes, el impresionante dispositivo policial que se había montado para proteger el Congreso, no se sabe muy bien de qué. La Carrera de San Jerónimo estaba cerrada a cal y canto.
Estos políticos tienen más miedo que vergüenza.
